El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicó para comentarios el Proyecto de Resolución que reglamenta la Ley 2173 de 2021, conocida como la Ley Siembra de Árboles, norma que creó las denominadas Áreas de Vida y estableció la obligación para medianas y grandes empresas de implementar programas de siembra de árboles en el territorio nacional.
Esta iniciativa cobra especial relevancia porque busca articular los esfuerzos del sector privado con la política ambiental del Estado colombiano, obligando a las empresas a contribuir activamente a la sostenibilidad y recuperación de los ecosistemas.
Contexto de la Ley Siembra de Árboles
La Ley 2173 de 2021 impuso a las empresas medianas y grandes la obligación de sembrar árboles de manera anual, en proporción al número de empleados que conforman su planta de personal. La finalidad es generar un impacto positivo en materia de mitigación del cambio climático, recuperación de áreas degradadas y fortalecimiento de la biodiversidad.
El Proyecto de Resolución de 2025 actualiza y precisa los procedimientos para hacer efectiva esta obligación, con cambios relevantes frente a la versión publicada para comentarios en 2024.
Criterios y participación en la delimitación de las Áreas de Vida
El nuevo texto establece que las autoridades municipales y distritales, en coordinación con las autoridades ambientales, deberán identificar y delimitar las Áreas de Vida mediante acto administrativo dentro de los tres meses siguientes a la expedición de la resolución. En esta oportunidad, se incluye la participación de las Autoridades Indígenas con competencias ambientales, lo que supone un reconocimiento importante a los saberes ancestrales en la gestión del territorio.
Una vez declaradas las Áreas de Vida, las empresas deberán seleccionar la zona disponible, notificar su escogencia y presentar un programa de siembra para aprobación de la autoridad ambiental.
Eliminación de beneficios tributarios y cambios frente al proyecto de 2024
Entre las modificaciones más relevantes frente al texto de 2024 se encuentra la eliminación de beneficios o deducciones en el impuesto predial para las empresas que cumplan con la obligación, así como la eliminación de la exclusión de trabajadores en licencia no remunerada del cálculo del número de árboles a sembrar.
Esto significa que el número total de árboles exigido se calculará con base en la planta total de personal, sin importar licencias o suspensiones voluntarias de contrato.
Clasificación de empresas obligadas
El proyecto aclara que la clasificación de medianas y grandes empresas se hará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 957 de 2019, la Ley 590 de 2000 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE.
En el sector servicios, por ejemplo, se considerará mediana empresa aquella con ingresos anuales superiores a 131.951 UVT e inferiores o iguales a 483.034 UVT, y grande empresa a la que supere dicho rango. También aplica el criterio de número de empleados y nivel de activos, siendo estos últimos el factor determinante.
Procedimiento para presentar los programas de siembra
Una vez delimitadas las Áreas de Vida, las empresas tendrán dos meses para presentar su programa de siembra, el cual deberá contener:
- Identificación y descripción del área de intervención.
- Objetivos y alcance del programa.
- Estrategia de seguimiento, mantenimiento y monitoreo.
El número de árboles a sembrar se determinará con base en una certificación suscrita por el representante legal, indicando el total de empleados al 31 de diciembre del año anterior. La autoridad ambiental dispondrá de 45 días hábiles para evaluar y aprobar el plan mediante acto administrativo. Solo con esa aprobación podrá iniciarse la implementación.
Retos prácticos y vacíos normativos
Aunque el proyecto avanza en la definición de criterios, plantea importantes retos:
- La capacidad de gestión de los municipios y autoridades ambientales para cumplir los plazos.
- La ausencia de una regla clara frente a los municipios que no identifiquen Áreas de Vida.
- La falta de precisión sobre si los programas podrán tercerizarse o deberán ejecutarse directamente por la empresa.
Estos vacíos generan incertidumbre para las compañías obligadas, que deberán prepararse para asumir costos relevantes en el marco de un cumplimiento anual.
Certificación y cumplimiento
Una vez ejecutado el programa de siembra, las autoridades deberán expedir el certificado de “Siembra Vida Empresarial”, que acreditará oficialmente que la empresa cumplió con su obligación bajo la Ley 2173 de 2021.
El Proyecto de Resolución que reglamenta la Ley Siembra de Árboles marca un paso decisivo hacia la implementación efectiva de esta obligación ambiental empresarial. Sin embargo, también impone a las compañías retos jurídicos, financieros y operativos que deben ser gestionados con planeación estratégica.
En DE LA ESPRIELLA LAWYERS, nuestro equipo de expertos en derecho ambiental y corporativo está preparado para asesorar a las empresas en la interpretación y cumplimiento de estas disposiciones, garantizando seguridad jurídica, sostenibilidad y adecuada articulación con las autoridades ambientales.